Se caldea la batalla contra las maquinitas

Miami. Haciéndose pasar por jugador, un detective encubierto de la Policía de Miami-Dade ganó $25 jugando en máquinas del Lucky 7 Arcade, en Bird Road.

Ese premio contribuyó a las redadas la semana pasada en dos salas de videojuegos, que resultaron en la incautación de 101 máquinas. Sin embargo, más allá de las confiscaciones, la operación no podía haber sido más diferente de las controversiales redadas de la Policía de Miami el otoño pasado.

Tengamos en cuenta que:

• La Policía de Miami-Dade, en colaboración con la fiscalía, se propone montar casos serios contra los propietarios de las máquinas. Obtuvieron órdenes de registro firmadas por un juez pero se abstuvieron de arrestos inmediatos mientras examinan las máquinas, documentos y otras evidencias.

La Policía de Miami, sin órdenes judiciales, presentó cargos menores contra 26 empleados de cafeterías y bodegas que estaban trabajando el día de la redada. Algunos de los casos fueron desestimados después que los fiscales no reunieron pruebas suficientes. Eso no es sorprendente: habían advertido a las autoridades del procedimiento. Otros casos terminaron en multas o todavía están pendientes.

• La policía de Miami-Dade actuó de manera encubierta y documentó en numerosas ocasiones los pagos a los detectives que ganaron, elementos esenciales para probar la ilegalidad.

La Policía de Miami decidió que la simple posesión de las máquinas era un delito.

Las mismas máquinas, las mismas leyes, diferentes estrategias.

Mientras se resuelven las interrogantes sobre la legalidad de las máquinas, queda algo muy claro: se ha desatado un caldeado ping-pong político. Primero entre el alcalde de Miami, Tomás Regalado, y el jefe de Policía de Miami, Miguel Exposito, y ahora entre los candidatos a alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez y Julio Robaina.

Un día después de la redada en Bird Road, Giménez arremetió contra el apoyo de Robaina a la industria del juego, y pidió que la policía formara un grupo para combatir la ilegalidad en el sector. “Los ciudadanos de esta comunidad se han pronunciado contra esta actividad ilegal”, dijo Giménez en un comunicado de prensa. “Yo estoy con la gente de esta comunidad y con la policía en la denuncia de esta actividad delictiva”.

Pero Robaina, quien como alcalde de Hialeah defendió una ordenanza que esencialmente legalizó las máquinas, dice que sus esfuerzos estaban dirigidos a normar la industria y a acabar con la actividad ilegal.

“Puedo decirles que en Hialeah la policía ha actuado con rapidez tan pronto se determinó que las máquinas se usaban ilegalmente”, dijo en un comunicado el lunes.

La Policía de Miami-Dade insiste en que el momento de los allanamientos no tuvo nada que ver con las elecciones.

“El momento de nuestras investigaciones se basa en la complejidad del caso y en la interacción con los organismos asociados, y punto”, dijo Nancy Pérez, portavoz de la Policía de Miami-Dade. “Nuestras investigaciones no dependen de consideraciones políticas.”

La controversia sobre las máquinas estalló el año pasado, cuando la Comisión de Miami, presionada por Regalado, aprobó una ordenanza que apoyaba al sector. La Policía de Miami respondió en octubre con una redada, la incautación de más de 400 máquinas y el arresto de 26 personas por cargos de posesión de dispositivos de juegos de azar ilegales.

Exposito mantiene que las máquinas son “juegos de azar” ilegales. Y el sector contesta que son juegos de habilidad legales que se programan de manera diferente a las máquinas tragamonedas de los casinos, que son juegos de azar.

La Policía de Miami ha centrado su atención en las máquinas desde el 2003, pero la retórica sobre las confiscaciones estalló hace poco, cuando Exposito y su hombre de confianza, el mayor Alfredo Alvarez, montaron una campaña de relaciones públicas en que compararon a los propietarios de las máquinas —y a los políticos que los apoyan— con figuras de la delincuencia organizada.

“Ahora todo el mundo se sube al carro. Todo el mundo se está dando cuenta de que tenemos razón”, dijo Alvarez sobre las redadas de la Policía de Miami-Dade. “Las máquinas de juegos de azar son ilegales”.

Exposito también alegó que Regalado intentó inmiscuirse en la redada de octubre. El alcalde negó haber interferido, aunque reconoció que tuvo una conversación con el administrador municipal antes de la redada.

Los propietarios de las salas de juegos han demandado a Exposito por sus alegaciones de delincuencia organizada y para que les devuelvan las máquinas.

La Policía de Miami-Dade actuó después que varios ciudadanos se quejaron de las salas de juegos al comisionado Javier Souto, que representa al distrito de Bird Road. Souto dijo el lunes que no sabía si las salas de juegos eran ilegales, pero que “siempre escucha a los vecinos”.

Los negocios son Lucky 7 Arcade, en 9839 Bird Rd., y Fabulous Lucky Vegas Arcade, de 8590 Bird Rd.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, se negó a hacer comentarios.

Según las órdenes de registro obtenidas por The Miami Herald, la Policía de Miami-Dade investiga si la forma en que las salas de juegos de Westchester pagan los premios equivale a “mantener una casa de juegos ilegales’’, un delito mayor.

Bob Jarvis, profesor de Derecho de la Universidad Nova Southeastern, que sigue los asuntos de juegos de azar, dijo que los legisladores deben perfilar las zonas grises de la ley que rige las máquinas, agregando que las redadas de la Policía de Miami-Dade tiene por fin enviar un mensaje al sector.

“Miami-Dade, obviamente, esta mucho más preparado para librar esta batalla con uñas y dientes, y buscar sentencias de prisión”, dijo Jarvis.

Los investigadores condales proceden según la llamada ley “Chuck E. Cheese”, que permite a las grandes salas de videojuegos pagar no más de 75 centavos por juego en “mercancía”, pero no en efectivo o alcohol. Las ganancias se entregan en forma de tarjetas de regalo Visa que pueden usarse en cualquier lugar.

La policía y los fiscales alegan que las tarjetas de regalo son lo mismo que efectivo, lo que hace ilegales los pagos. La Asociación de Salas de Videojuegos y Bingo de la Florida no concuerda, y afirma que las tarjetas son “mercancía”, no efectivo.

A mediados del año 2000, los fiscales de Broward la emprendieron contra salas de videojuegos, pero finalmente perdieron en el juicio.

A los detectives encubiertos de Miami-Dade –el detective Tomas Tundidor y Albert Bonilla— les pagaron en abril y junio, repetidamente, más de 75 centavos por juegos ganados en las salas de videojuegos de Westchester, según las órdenes de registro.

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Acerca de Elperiodista

Un periodista FreeLance en busca de la verdad en Miami. La corrupción en esta ciudad no puede superarnos. Hemos vivido momentos terribles con los brazos cruzados y el silencio como justificación. Mi querida Miami, capital de todos los latinos, alza tu voz.

Publicado el junio 14, 2011 en Sociedad. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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